¿Quién va a pagar el coste de la descarbonización?

Elena Ayuso/La Razón

La deuda mundial, que incluye los pasivos de los gobiernos, del sector privado y de los
hogares, ha alcanzado los 307 billones de dólares, lo que supone el 336 % del Producto Interior Bruto Mundial (PIB), de acuerdo con el último informe del Instituto de Finanzas Internacional (IIF). Estos datos arrojan una realidad: solo en el primer semestre del año la deuda global se ha incrementado en diez billones, cien en una década, lo cual contrasta con los siete trimestres previos, en los que se consiguió la reducción de la deuda global.
Pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que va a ir a peor: la deuda pública se disparará entre el 45 % y el 50 % del PIB, haciendo insostenibles las finanzas públicas. Y todo ello cuando la lucha contra el cambio climático es urgente, evidenciando la necesidad de reducir a cero las emisiones de CO₂ en 2050, lo cual requerirá un esfuerzo económico sin precedentes.

Este va a ser el año más cálido de la historia, con una temperatura global 1,5ºC por encima de lo habitual. Los objetivos de descarbonización adoptados desde 2015 son de cero emisiones netas para 2050 o de reducción del 30 % para 2030. El primero exigiría un crecimiento negativo de las emisiones del 4% anual; el segundo, del 8 %. Todo un reto.

Alcanzar los objetivos de descarbonización es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la economía mundial. Sin embargo, tiene aparejado un importante coste que muchos países no están dispuestos –o dudan– a pagar. El FMI, que ha celebrado su asamblea anual con el Banco Mundial en Marruecos la semana pasada, avisa de que «la elevada deuda, el aumento de las tasas de interés y las perspectivas de crecimiento más débiles harán que las finanzas públicas sean aún más difíciles de equilibrar». La pregunta es: ¿Quién va a pagar el coste de la descarbonización? ¿Cómo?

¿Coste o inversión?
Para acelerar la transición energética hacia fuentes con bajas emisiones de carbono y, al mismo tiempo, brindar a las empresas y a las personas acceso confiable a la electricidad, «se requerirá una financiación continuada para la reducción de emisiones, una estrecha colaboración con el sector privado y un mayor apoyo financiero, especialmente de recursos en condiciones ‘‘concesionarias’’», ha declarado David Malpass, expresidente del Grupo Banco Mundial. Este organismo «apoya reformas para fortalecer el sector de la energía y el entorno empresarial, inversiones en nueva capacidad y eficiencia energética, mejoras en la red para solucionar problemas causados por energías renovables intermitentes, y financiamiento y apoyo técnico para abordar los desafíos sociales de la transición».

Por su parte, el FMI aboga por un sistema de costes sobre el carbono. Ya hay 50 países que lo han adoptado, entre los que se encuentra España, y otros 23 que contemplan hacerlo. Eloy Sanz, profesor de Ingeniería Energética de la Universidad Rey Juan Carlos, explica que este sistema se basa en la máxima de que «quien contamina paga». «Así, mientras que la población ya sufre los efectos del calentamiento global, ninguna empresa emisora se ha hecho responsable» de nada, señala el científico.
En España se comenzó a aplicar en el sistema eléctrico, lo que resultó en «un rápido abandono del carbón y una mejoría drástica en las emisiones del sector eléctrico y en los niveles de contaminación a los que estaban expuestos los habitantes de las zonas afectadas. Falta todavía extrapolarlo al resto de sectores».
Sanz piensa que «descarbonizar la economía no es un coste, sino una inversión. No solo porque algunas de las principales soluciones (instalación de renovables, aumento de eficiencia de procesos, electrificación…) son ya más rentables que sus alternativas, sino por los costes de adaptación que se evitarán. Hay estudios que cuantifican los impactos económicos de limitar el calentamiento de 2ºC a 1,5ºC y supondría ahorrar hasta el 2% del PIB mundial hasta 2050 y hasta 3,5% hasta final de siglo, lo cual supone entre 11 y 38 trillones de dólares en daños evitados».
Para el FMI, el desafío afecta enormemente a los países emergentes, que suponen el 70% de las emisiones contaminantes y tienen una elevada deuda. Desplegar medidas con una mayor eficiencia en el gasto, una movilización de los ingresos, un papel más impor tante para el sector privado y financiación externa es la receta del organismo. Asimismo, las naciones con grandes reservas de combustibles fósiles serán las más perjudicadas. Y el daño no será solo económico, también acaerrará una importante pérdida de poder geopolítico.

Desigualdad de base
Al otro lado se sitúan aquellas naciones ricas en minerales y con características que favorezcan las energías limpias. Es el caso español, que parte en una posición aventajada, gracias a sus horas de sol. Sanz señala que «España tiene unas características envidiables para atraer inversiones en renovables y en industria que busque precios de electricidad razonables. Las entidades de financiación ven con muy buenos ojos las inversiones renovables, pero también es cierto que hay algunas dudas en el horizonte, como el aumento de los tipos de interés y del precio de las materias primas, así como los precios que tendrá la energía renovable en el medio plazo.
Tener electricidad casi gratis puede ser un sueño para el consumidor, pero en esta misma situación nadie se plantearía invertir su dinero. Necesitamos un marco regulatorio que, manteniendo precios razonables para los ciudadanos y empresas, asegure rentabilidades justas para las empresas evitando abusos».
Existe una desigualdad de base en la lucha contra el cambio climático, pues las emisiones están muy relacionadas con la renta. «La parte de población de renta más alta emite más gases de efecto invernadero y apenas sufre los efectos del calentamiento global. Esto sucede a nivel global entre países con diferente nivel de desarrollo, pero también en nuestras propias ciudades entre habitantes con rentas muy desiguales», explica Sanz.
Otro riesgo es el coste político que puede provocar la adopción de medidas fiscales en una situación económica como la actual. El Banco de España señaló en un informe publicado en agosto de 2021 que un 20 % de la subida del precio de la luz se explicaba por el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2. Sanz cree que «es clave que los gobiernos a nivel local, regional y nacional expliquen bien la motivación de las medidas que implementan y divulguen los beneficios que buscan. Hay medidas que en el momento pueden ser impopulares, como la Ley Antitabaco o las peatonalizaciones, y que pasado un tiempo la gran mayoría reconoce como positivas».
La realidad es que los países deben conseguir el equilibrio entre lograr objetivos climáticos, la sostenibilidad fiscal y la viabilidad política. En cualquier caso, caer en la tentación de aplazar las medidas para alejar ese coste político no es la solución: cada año de retraso puede contribuir con un porcentaje de entre el 0,8% y el 2% a la deuda pública, según estimaciones del FMI.
En España, los plazos no van del todo mal. De acuerdo con Sanz, «en algunas tecnologías, como la solar fotovoltaica, bien; en otras, como la eólica, regular; y en aspectos comunes como el almacenamiento o el desarrollo de redes de distribución, peor».

Publicado en La Razón (24 octubre 2023)